La entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, establece en su artículo 31 la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En este sentido, las personas jurídicas serán penalmente responsables en los siguientes supuestos:
1.- De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando indivisiblemente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control de la misma. Art. 31. Bis 1. a).
2.- De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. Art. 31. Bis 1. b)
¿Quién puede cometer delito para que una persona jurídica resulte responsable penalmente y por qué?
· El administrador de hecho
· El administrador de derecho
· El Representante legal
· Cualquier empleado, dependiente de los anteriores, por falta de control.
Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
Saá & Yabén · Responsabilidad Penal · Compliance Officer
a) Delito fuese cometido por las personas indicadas en la letra a) del art. 31 Bis 1.
Si el delito fuese cometido por las personas indicadas en la letra a) del art. 31 Bis 1, al que hemos hecho referencia (por el órgano de gobierno de la persona jurídica), la persona jurídica quedará exenta de responsabilidades si se cumplen las siguientes condiciones:
1ª El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
2ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
3ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
4ª No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª anterior.
En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.
b) delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del art. 31 Bis 1.
Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
En virtud de lo anterior, la responsabilidad se podrá exigir a los cargos sean administradores o no, por los daños ocasionados por incumplimiento de la legalidad y/o la inexistencia o falta de políticas implementadas y un modelo de control de éstas. Esto es, la comisión de un delito debería haberse evitado identificándolo y poniendo en marcha las políticas y mecanismos de control adecuados a la normativa y previamente establecidos.
Puesto que el desarrollo e implementación de estos procesos y controles así como su posterior auditoría anual, precisa de conocimientos técnicos específicos, la asunción de estas competencias debería externalizarse a través de órganos colegiados capacitados para dichas funciones.
En este sentido, la persona jurídica podrá actuar contra el administrador por administración desleal, por haber contratado a proveedores no solventes para la cobertura del cumplimiento de la normativa vigente en las diferentes materias aplicables a la entidad y/o haber dirigido recursos de la organización hacia dichos proveedores.
El art. 31 Bis 2.A 5 del Código Penal establece que se puede aplicar un atenuante/eximente a la empresa (disminuyendo/evitando así las posibles sanciones, derivadas de las responsabilidades penales) si cumple con los requisitos que se indican a continuación, relativos a la implementación y continua supervisión y revisión de las Políticas, Procesos y Controles exigidos. Estos requisitos son:
Los delitos establecidos por el Código Penal son:
Las sanciones establecidas por el Código Penal por la comisión de los delitos indicados en el apartado anterior consisten en:
